Los Ministros de Asuntos sociales de los países de la OCDE se reunirán en París, 31 marzo y 1 de abril de 2005, para examinar cómo las políticas sociales pueden ayudar a los individuos y a las familias a realizar plenamente su potencial y favorecer el crecimiento económico. Se realizaron grandes progresos a nivel social en todos los países, pero problemas subsisten. Distintos tipos de riesgos permanecen, aún hoy, excesivamente presentes: riesgo de pobreza para el niño, riesgo de exclusión del trabajo a las edades de fuerte actividad, y riesgo de aislamiento y pérdida de autonomía durante la vejez. Las políticas sociales activas, que fomentan la independencia económica de los individuos, aportan soluciones a estos problemas. Se imponen medidas urgentes antes de que el fenómeno del envejecimiento de la población dificulte aún más las reformas.
Los Ministros reflexionarán sobre las medidas que deben adoptarse para afrontar estos retos a nivel social. Examinarán también la cuestión de la definición de los derechos y responsabilidades en cuanto a política social con organizaciones no gubernamentales. Los debates se articularán en torno a algunos grandes ejes:

Cómo invertir lo mejor posible en las familias y en los niños - Invertir en las familias permite dar a los niños la mejor salida posible en la vida, y es una manera de estimular el crecimiento económico. Al ayudar a los padres a ganar su vida y a hacer frente a sus obligaciones familiares, se reducirá el riesgo de ver a los niños crecer en la pobreza y en un determinado abandono. Medidas destinadas a promover el desarrollo de los niños y a ayudar a reconciliar la vida de familia y la actividad profesional son indispensables. Pero las autoridades públicas no pueden hacer todo solos – es necesario que el mundo del trabajo se adapte a las dificultades de los padres. Las políticas favorables a las familias también podrían estimular las tasas de natalidad.

Cómo instaurar un mejor equilibrio de la política social entre las generaciones - el envejecimiento de la población exige un nuevo equilibrio de las políticas sociales y gastos entre las generaciones. Es necesario reformar los sistemas de pensión y cobertura de larga duración, lo que algunos países de la OCDE existe ya o se está haciendo. Se redujeron a menudo los derechos a pensión y se corrigieron los mecanismos que promovían retiradas anticipadas de la actividad. Estas medidas ayudarán a limitar la presión sobre los gastos de pensión, pero podrían también generar un mayor riesgo de pobreza en los pensionistas. ....

Cómo concebir políticas sociales activas para luchar contra la pobreza - los países de la OCDE deben favorecer las políticas sociales activas. Eso significa reorientar a los beneficiarios de prestaciones hacia el empleo para no mantenerlos en situaciones de dependencia. Se sabe que algunas políticas sociales activas son eficaces. Se pueden citar, por ejemplo, las ayudas sociales y si se conciben bien las ayudas al empleo cuando son medidas destinadas a valorizar el trabajo; obligación para los beneficiarios de prestaciones de buscar un empleo o seguir una formación; y una mejor coordinación entre las distintas agencias públicas. Pero no basta acceder a un empleo: además es necesario ayudar a la gente a que conserve su empleo y a tener una evolución profesional. Esto no es solamente acceder al empleo sino promover el bienestar en el empleo.

Cómo definir los derechos y responsabilidades de los distintos protagonistas de la sociedad en el ámbito de la protección social - las autoridades públicas no pueden hacerlo todo: los individuos, los empresarios y los participantes locales tienen, ellos también, responsabilidades que asumir en cuanto a política social. Los individuos pueden desear una elección de servicios más amplia ; los participantes locales entienden mejor que las autoridades centrales las necesidades de los que están con ellos en una relación de proximidad; y es el interés de los empresarios desempeñar un mayor papel en el ámbito de la protección social. Las empresas con éxito, en el futuro, tendrán en su personal padres, personas minusválidas y trabajadores de una cierta edad. Pero las autoridades públicas tendrán siempre un papel eminente que jugar garantizando la igualdad de acceso a los servicios y velando por la continuidad de la calidad de los servicios sociales producidos por el sector privado.